domingo, 21 de junio de 2009

“MANO DURA”… ¿LA VERDADERA SOLUCIÓN? *


"Gustavo Lanzavecchia murió apuñalado el pasado día viernes 27 en su vivienda de Charcas al 3700 en la localidad de Lomas del Mirador, partido bonaerense de La Matanza, en un aparente intento de robo. El cuerpo del hombre fue hallado maniatado con precintos plásticos, flotando en la pileta de su vivienda. "
Su relación con la diva del espectáculo, Susana Giménez, hizo que el hecho tuviera una fuerte repercusión mediática. Las declaraciones de la exaltada “mujer televisiva” (“los que matan tienen que morir”) trajeron al tapete el tema de la pena de muerte y el tan consabido y conocido problema de la inseguridad.

Días después, los medios -que habían instaurado una especie de "escenario del pánico" en donde la muerte parecía volverse la única aliada de la justicia frente a la "situación de inseguridad"- reelaboraron esta noticia, y lo que en un primer momento pareció el colmo de la catástrofe, se transformó en un crimen ¿pasional? del que no se habló mucho más.
Aquí, una breve reflexión que busca producir segundas lecturas, calmar los ánimos y dejar de lado, de una vez por todas y para siempre la filosofía de la “mano dura”.

I - La pena de muerte


“Los que matan tienen que morir”
Ojo por ojo, diente por diente…
La Ley del Talión

Lo que Susana Giménez ha dicho frente a las cámaras de televisión resulta nefasto. No sólo por el tenor de su pedido sino por la liviandad de su opinión, su falta de reflexión, un verdadero “exabrupto opinológico” que ha traído el tema de la pena de muerte al debate mediático.
Los medios hablan, la gente opina… pero, ¿cuánto sabemos sobre la pena capital?
La pena de muerte es “la sanción jurídica capital, la más rigurosa de todas, consistente en quitar la vida a un condenado mediante los procedimientos y órganos de ejecución establecidos por el orden jurídico que la instituye”, y ha existido casi desde que el hombre es hombre.
En Roma, cuna de la filosofía del derecho, el primer delito castigado con la pena de muerte fue el Perduellio, por traición a la patria; con el paso del tiempo las leyes se condensarían en las XII Tablas, siendo la pena capital el castigo imperante. Delitos conocidos actualmente como patrimoniales, delitos sexuales, delitos contra la salud (como la embriaguez consuetudinaria), delitos de orden político y militar, o delitos que hoy se ubican en el fuero común y federal eran sancionados con la muerte. El delito de homicidio, por supuesto, se castigaba de esta forma también.
La pena de muerte aparece en su concepción como una aflicción, retributiva originada por la comisión de un delito, y está prácticamente en la totalidad de las leyes antiguas. Durante la vigencia de las XII Tablas, la autoridad podía dejar la aplicación del Talión al ofendido o a sus parientes, aunque existían funcionarios encargados de su ejecución.
La llegada del cristianismo, que predica el amor al prójimo realzando el carácter divino de la vida, sienta la base de las tendencias abolicionistas de esta sanción.
Luego del revuelo causado por sus declaraciones, Susana Giménez se retractó: dijo que no estaba a favor de la pena de muerte, por ser católica. Pero el tema quedó flotando y el pueblo parece estar a punto de pedir cabezas. Ante esto, el Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, sostuvo que no es partidario de la condena capital, aunque sí cree necesario iniciar una lucha despiadada contra la inseguridad.
Y es allí en donde, en mi opinión, surge el verdadero interrogante: ¿Cómo se luchará? ¿Quiénes llevarán a cabo esta especie de cruzada que se presenta como una tarea mesiánica?

II – La inseguridad

“¡Hagamos algo para que ya no nos maten!”

Hace unos días atrás recibí un correo electrónico bastante interesante. Se trataba de una cadena titulada “Para frenar la matanza”. En ella se convocaba a todos los ciudadanos a una “protesta” contra la inseguridad que se desarrollaría de forma individual: bastaba con que cada persona saliera a cacerolear o tocara bocina a la hora pactada, para cumplir con el objetivo de “llamar la atención de los políticos, ya que éstos deben hacerse cargo de esta situación de inseguridad insostenible, imponiendo el estado de sitio si es necesario”.
Atención, porque este último detalle, que puede pasar desapercibido, es el punto clave de la cuestión, y tiene un tufillo extraño, que es necesario examinar.
La RAE define a la inseguridad como la falta de seguridad (valga la redundancia). Y la seguridad se refiere a la cualidad de seguro, es decir, a aquello que está exento de peligro, daño o riesgo. Algo seguro es algo cierto, firme e indubitable. La seguridad, por lo tanto, es una certeza.
Tomando esta definición como punto de partida, puedo acordar con lo que se me envió por mail: vivimos en una sociedad insegura. Pero no creo que sea insegura únicamente por la cantidad de delitos que se registran por día, no; considero que no es segura porque no hay certezas, no hay ningún tipo de exención de peligros o riesgos, sobre todo en las clases más bajas de la población.
Considero que la actual inseguridad se ha producido, como siempre, por una gestión política cuyos efectos inhumanos atacan y alteran a la población a todo nivel, en mayor o menor medida. El individuo tiene miedo y su sensación de inseguridad frente al prójimo aumenta. Es en este contexto en el que se invoca cual Ángel Salvador al Derecho Penal, que (paradójicamente) con violencia anulará la violencia.
Los pobres siempre han vivido en la inseguridad y en el miedo, pues son parte de una sociedad polarizada en donde los grandes grupos económicos ejercen una violencia cotidiana al delinear una esfera de excluidos sociales, todos ellos sectores desposeídos que "atacan" a las clases medias y altas. Es a ellos a los que apuntan las políticas de mano dura; es en ellos en donde radica la violencia y en donde el imaginario social deposita sus más oscuros temores.
Pero lo cierto es que, cuando se habla de inseguridad, se omite considerar a la violencia generalizada que se da entre los propios pobres y excluidos sociales que se victimizan entre sí, producto de la degradación social y la marginación, la frustración y el desamparo. En este caso, el tan ponderado sistema penal y más aún la policía se mantienen al margen, pudiendo incluso facilitar estos actos de violencia si significan algún tipo de rédito económico, o con la finalidad de solapar los delitos del poder, en especial los económicos.
Frente a esta desastrosa realidad socio económica, en donde más del 50% de la población se encuentra en la pobreza, pedir la pena capital como solución definitiva suena a algo estúpido.
Dudo de que una bota o un palo puedan solucionar inconvenientes estructurales que nos remiten al deterioro del sistema educativo, a las acérrimas condiciones de vida de la gran mayoría de la población, o a las falencias en el funcionamiento de las instituciones estatales.
¿Verdaderamente creemos que matar a dos o tres tipos significará un cambio en la situación actual?
¿Es la muerte la que nos salvará de la muerte misma?

III – El difícil arte de elaborar una reflexión


“¿Es posible hacer una lectura de la inseguridad y del delito no sobre las conductas de los vulnerados y marginados sino desde ellos, desde su mirada a la sociedad o al orden social?”
Juan S. Pegoraro


A veces resulta complejo pronunciarse frente a estas situaciones extremas. Pero la realidad que nos circunda nos llama a tomar decisiones.
Y estas decisiones, de acuerdo a mi opinión, no pueden ni deben estar ligadas a un incremento de políticas de mano dura. La situación de extrema pobreza y marginación en la que se encuentra sumida la gran mayoría de la población no es denunciada por los medios ni por las clases afectadas: los que no tienen voz podrán ahora tener castigo (si es que éste puede poseerse, si es que el sufrimiento es, en algún punto, una forma de posesión).
La importancia mediática que de pronto parece suscitar el tema ha hecho posible que el debate se instaure en las charlas de café o en las sobremesas. Fue durante una cena organizada por los padres de unos amigos en donde, en respuesta a mi visión sobre el asunto, se me puso sobre aviso: “Vos pensás así porque no te tocó de cerca. Pero lo cierto es que, si te llegan a matar a un padre, a un hermano, o a un hijo, lo único que tenés que hacer es matar al desgraciado asesino”.
No voy a cuestionar el dolor de la pérdida, ni voy a desmerecer el juicio de valor del que “estuvo cerca”. Pero la dicotomía en la que los medios encasillan al debate (Pena de muerte: ¿en contra o a favor?) hacen que la discusión se simplifique; y cuando la cosa tiende a la simplificación, lo más indicado parece ser “palo y a la bolsa”.
Es por esto que considero necesario ponerle freno de mano a la opinión fácil. Como ciudadanos debemos adoptar la responsabilidad que implica el desarrollo de una visión crítica; debemos ser capaces de diferenciar los hechos y de establecer propuestas que nos lleven a una verdadera solución de base, y no a un mero aplastar cabezas.
La situación tiene sus raíces en procesos socio económicos complejos, que sobrepasan y acogen en su seno a este contexto de violencia extrema. La imposibilidad de elección, las personas que mueren de hambre, las que no son capaces de proyectar un futuro más allá de sus narices, son aristas que deben limarse, y esto no se logrará con más violencia. Las aristas son filosas: aplastarlas con una bota sólo hará que fluya más sangre.
La suprema Corte de Justicia de la Nación es la que necesita reformas, pues es la justicia la que debe dirimir y administrar los delitos en un contexto democrático, no el bastón, no la cachiporra.
Incrementar las muertes (o lo que es incluso peor, propiciar una burocracia para que administre este castigo) no las frenará.
Por eso, hagamos algo para que ya no nos maten: tomemos las riendas del asunto desde nuestra responsabilidad cívica, y no nos dejemos azuzar como perros, pues corremos el riesgo de terminar mordiendo nuestras propias colas.


Por Sonia Alejandra Sorriente